Para denuncia penal pasan al Procurador Anticorrupción casos de proyectos truncos sobre ambulancias, seguridad ciudadana y Av Colectora y Cieza de León

El directorio del Gobierno Regional de Lambayeque acordó que los actuados en los proyectos de compra de ambulancias, seguridad ciudadana con cámaras de vigilancia y avenidas La Colectora y Cieza de León, se deriven a la Procuraduría Anticorrupción, para las denuncias penales sobre posibles irregularidades que dejarán compromisos para ser pagados hasta por un monto superior a los 70 millones de soles.

Aquí se deberá tener en cuenta la posible responsabilidad de cada una de las personas comprometidas, entre ellas del exgobernador provisional, Luis Díaz Bravo y del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas.
También se acordó pasar a la Procuraduría el caso del cese del procurador regional en marzo, cuando el entonces gobernador provisional, Díaz Bravo, ya no tenía competencia; y, además, se le responsabilice por todos los procesos que a nivel regional no han tenido defensa.
Tal decisión se adoptó durante una sesión de directorio encabezada por el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, donde se abordaron temas de interés para la administración regional. Ahí, el jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional, abogado Branko Antonio Flores Muñoz, expuso los pormenores de las investigaciones realizadas en los proyectos ahora truncos.
Explicó que, de acuerdo con la Contraloría, hubo falencias en la elaboración del proyecto, el proceso de convocatoria, de ejecución, el momento de la recepción y posterior a ella, en la compra de 34 ambulancias hasta por 12 millones de parte del Gobierno Regional a través de la Gerencia de Salud.
En el caso del proyecto de seguridad ciudadana, el convenio entre la Municipalidad de Chiclayo y el Gobierno Regional, se suscribe para financiarlo con varios componentes: unos electrónicos, como las videocámaras; y otros físicos, como la infraestructura. El Gobierno Regional se había comprometido solo en la parte de los componentes electrónicos. En contraprestación, se suponía que la municipalidad, a la vez que el GORE avanzaba con su parte, iba a ejecutar los demás compromisos; lo que no se ha dado hasta hoy, porque el organismo edil nunca ejecutó ninguno de los otros componentes.
Al verificar los documentos, se encuentra que desde el inicio también hay supuestos indicios de ilícitos penales. En revisión posterior, se encontró documentación falsa y, por ello se procedió a la nulidad del contrato.
Pero también la Gerencia de Infraestructura hizo un estudio de mercado solo de las cámaras, que al final refleja un sobrecosto de casi medio millón de soles.
De otro lado, se suponía que la operación de las cámaras debía contar con más de 200 personas cuyos sueldos representaban un incremento superior a 8 millones de soles en el presupuesto de la municipalidad de Chiclayo. Al consultarse a la corporación edil, esta informó que no tiene ese presupuesto. El mismo general jefe de la II Región Policial de Lambayeque había informado al gobernador Lozano que no existió ningún tipo de conversación con la municipalidad, pese a que la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a que debe intervenir la PNP; pero eso no hizo la municipalidad.

La Colectora y Cieza de León
En cuanto a la construcción de la avenida Colectora, la Municipalidad de Chiclayo tenía obligación de elaborar el expediente técnico completo y certificar la disponibilidad del terreno. Tal documentación fue remitida al GORE, que por obligación debía ver que esa libre disponibilidad y que estuviera inscrito a nombre de la municipalidad. Curiosamente no se hizo.
Antes de que se inicie la obra, la propietaria del terreno envía una carta notarial al Gobierno Regional, señalando que sobre donde se pretende construir le pertenece y lo acredita con las partidas electrónicas registrales. El jefe de Infraestructura pide información a la Municipalidad de Chiclayo y no le responden. Después, alerta al entones gobernador para que disponga sobre lo que está pasando. Y lo que se dispone es continuar la obra.
Con respecto a Cieza de León, el jefe de familia dona el terreno a la municipalidad. Esta no inscribe la donación y deriva el expediente al Gobierno Regional donde se inicia la obra. El padre ha fallecido y los hijos, junto con la madre, niegan la donación, porque nunca se materializó. A pesar de eso la obra continuó sin que ni la municipalidad de Chiclayo ni el gobernador regional de entonces asumieran el compromiso de concluirla.

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