La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad administrativa funcional y también penal, por la existencia de elementos que denotan indicios de comisión de delito; situación que se ha evidenciado por el accionar del gobernador regional Luis Alberto Díaz Bravo, quien mediante resolución ejecutiva encargó temporalmente y de manera excepcional en el cargo de confianza de jefe de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana a César Manuel Urpeque Morales, funcionario que no reunía el perfil establecido para ostentar el citado puesto.
Igualmente, la Contraloría reveló los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional en César Urpeque, quien en el ejercicio del cargo de jefe y posteriormente como asistente logístico de la citada oficina, hizo uso indebido de su acceso al sistema de gestión documentaria, correo institucional y logos de la entidad, para formular presuntos requerimientos para la adquisición de ayuda humanitaria, sin acreditar la finalidad pública, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública y la imagen del Gobierno Regional de Lambayeque.
Por lo tanto, señala la investigación de la Contraloría, se evidencia que el gobernador regional Luis Díaz Bravo, con la anuencia del secretario general y el jefe de Asesoría Jurídica del GORE, encargó el cargo de confianza de jefe de dicha oficina a César Manuel Urpeque Morales, a pesar de que no cumplía con el perfil establecido en la Hoja de Especificaciones de Funciones de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana que forma parte del Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional.
La Contraloría precisa que las condiciones de la presunta responsabilidad penal contra Luis Díaz Bravo, están basadas en que la conducta típica descrita en el primer párrafo del artículo 381° del Código Penal es la de “nombrar o designar para ocupar un cargo a una persona particular u otro funcionario o servidor público que no reúne los requisitos exigidos legalmente para un cargo determinado…».
La responsabilidad del exgobernador
De acuerdo al informe firmado por Miguel Antonio López Sosa, abogado de la Comisión Auditora de la Contraloría, identificó presunta responsabilidad administrativa funcional en «Encargatura y aceptación de cargo de confianza por parte de funcionario público sin cumplir el perfil establecido en los documentos de gestión, que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública».
En la exposición de sus argumentos jurídicos, la Contraloría da cuenta que Luis Alberto Díaz Bravo ejerció el cargo de gobernador regional desde el 13 de mayo de 2021 al 25 de agosto de 2022 y en su condición de tal, el 3 de julio de 2021 suscribió la Resolución Ejecutiva Regional 000379-2021-GR.LAMB por la cual se resolvió encargar temporalmente y de manera excepcional a César Manuel Urpeque Morales en el cargo de confianza de jefe de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque.
«Cabe indicar que, del texto mismo de la precitada resolución, se evidencia que el titular tenía conocimiento que dicha encargatura se realizaba sin que el funcionario cumpliera con los requisitos del cargo, ya que se indica que la encargatura se realizaba en tanto ‘se designe al titular de dicho cargo que cumpla con lo0 previsto en el MOF del Gobierno Regional de Lambayeque y más por las circunstancias urgentes que el caso amerita'».
Posteriormente, el 26 de julio se le comunicó al gobernador el informe mediante el cual se identificó dicha situación adversa. Pese a ello, el gobernador provisional procedió a emitir la resolución ejecutiva 000464-2021-GR.LAMB en la que precisa que la encargatura era en adición a las funciones de César Manuel Urpeque Morales y que, en consecuencia, no generara ningún adicional a sus remuneraciones que viene percibiendo como servidor contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios-CAS. Consecuentemente, se ha evidenciado que dicha encargatura fue aceptada y ejercida formalmente por César Urpeque, pese a no contar con el perfil profesional requerido para el puesto.
A pesar de ello, como jefe de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque, de acuerdo al registro del SISGEDO, César Urpeque llegó a emitir 393 documentos registrados con su firma digital y visto como jefe encargado de dicha oficina; lo que, según la Contraloría, demuestra que dicha encargatura no se realizó en adición a sus funciones, sino que constituyó de hecho una encargatura del cargo y que, por tanto, debía cumplir con el perfil profesional requerido para dicho desplazamiento.
En tal sentido, según la Contraloría, el entonces gobernador Luis Díaz Bravo “con su actuación incumplió lo dispuesto en la Ley Marco del Empleo Público, Ley 28175, referidos a los principios de legalidad, probidad y ética pública y mérito y capacidad que deben regir el empleo público”. De igual manera, señala, quebrantó lo dispuesto en diversos numerales del mismo dispositivo, así como en la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, referido al principio de mérito que rige el Servicio Civil.
«En virtud de ello, las labores efectuadas por Luis Alberto Díaz Bravo debieron ser ejercidas en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, que regulan las atribuciones del gobernador regional en ejercicio de sus funciones; así como lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, Ley 31084, respecto a las restricciones de ingreso de personal en el sector público».
Adicionalmente, con su accionar -señala la Contraloría- incumplió lo dispuesto por la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece: «Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas».
Además, incumplió con los principios de respeto y probidad establecidos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Finalmente se ha podido verificar que las labores efectuadas por Luis Alberto Díaz Bravo como gobernador regional, transgredieron lo establecido en el Manual de Organización y Funciones de los Órganos de Asesoramiento del Gobierno Regional de Lambayeque, aprobado mediante Decreto Regional 043 el 27 de diciembre de 2013 y sus modificaciones, respecto al perfil del cargo de jefe de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque, así como lo establecido en el Manuel de Organización y Funciones.
También se consideran a otros partícipes de este accionar, como Julio Armando Fernández Bartolomé, en su condición de secretario general del Gobierno Regional, a quien se le atribuye presunta responsabilidad administrativa funcional, pues en tal condición refrendó con su visto bueno electrónico la resolución del entonces gobernador regional; y, asimismo Lenin Alexander Guerrero Saavedra, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. En su condición de partícipe N° 4 figura César Manuel Urpeque Morales, jefe de la Ofcina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana conforme a la Resolución Ejecutiva Regional 000379-2021-GR.LAMB del 3 de julio de 2021, cargo que desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2021.
Sobre presunta ayuda humanitaria
De acuerdo con la Contraloría, se ha evidenciado el proceder del servidor público, de aceptar indebidamente la encargatura como jefe de esa oficina, pese a no cumplir con el perfil establecido para ocupar el cargo. “De la verificación del legajo personal de César Manuel Urpeque, se pudo evidenciar que no contaba con antecedentes de haber sido general de la PNP o grado similar en las FFAA o coronel egresado del CAEN o INAEP. Asimismo, tampoco cuenta con título profesional egresado del CAEN, verificándose que cuenta con el grado de ‘Profesional técnico en computación e informática’, egresado del Instituto Superior Tecnológico Privado Bertrand Russell, emitido en agosto del 2021”.
César Manuel Urpeque Morales, fue designado jefe de dicha oficina con RER 000379-2021-GR.LAMB/GR del 3 de julio de 2021, cargo que desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2021. Conforme a la adenda 005 del 21 de diciembre de 2020 fue designado Asistente Logístico de dicha oficina; cargo que desempeñó hasta el 13 de setiembre de 2022.
De la revisión y evaluación a la documentación proporcionada por el Gobierno Regional de Lambayeque, se ha evidenciado que, en el desempeño de sus funciones como jefe de la Oficina de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana y posteriormente como asistente logístico de la mencionada oficina, César Manuel Urpeque Morales emitió diversos documentos destinados a requerir y tramitar la adquisición de bienes presuntamente para ayuda humanitaria del GORE; evidenciándose el uso indebido de los medios informáticos asignados a su persona, como responsable de dicha área, emitiendo y suscribiendo documentos con su certificado y firma digital sin autorización alguna y sin seguir el trámite correspondiente para dicho tipo de adquisiciones.
Asimismo, se ha evidenciado que la entrega de los bienes adquiridos para la presunta ayuda humanitaria por parte del Gobierno Regional, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Lambayeque-COER, lugar donde se encuentra ubicada la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana, siendo posteriormente trasladada con rumbo desconocido.
La actuación irregular de César Manuel Urpeque Morales se realizó en dos momentos temporales: como jefe de la indicada oficina, el 3, 17 y 28 de diciembre de 2021, mediante los cuales generó y tramitó requerimientos de adquisición de bienes destinados para presunta ayuda humanitaria. Dichos oficios fueron redactados y emitidos a través de los accesos propios de su cargo mediante el SISGEDO regional y remitidos a las empresas proveedoras a través de la dirección de correo electrónico asignada para el uso de la jefatura de dicha oficina. Asimismo, consta la atención y entrega de por lo menos dos de las tres solicitudes de bienes realizadas por Urpeque Morales en las instalaciones de la oficina a través de actas de ingreso, sin que exista registro oficial alguno respecto al ingreso de dichos bienes y el destino de los mismos.
Un segundo momento fue como Asistente Logístico de dicha oficina, cuando emitió con su visto y firma electrónicos varios oficios entre enero y febrero del 2021, mediante los cuales generó y tramitó requerimientos de adquisición de bienes destinados a presunta ayuda humanitaria. También se ha evidenciado que por lo menos en la fecha de recepción de los bienes incluidos en acta de ingreso del 22 de enero de 2022, Urpeque Morales dio indicaciones al personal de seguridad de que no registrara dicha ocurrencia en el cuaderno de seguridad correspondiente, bajo el argumento de que dichos bienes no pertenecían a la entidad y que únicamente se encontraban de tránsito.
Se ha podido evidenciar que las labores efectuadas por César Manuel Urpeque Morales como jefe de dicha oficina transgredieron lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y que sus labores como asistente logístico de la entidad transgredieron lo dispuesto en el contrato CAS.
Cabe recordar que el Gobierno Regional de Lambayeque resolvió destituir al servidor César Manuel Urpeque Morales por haber incurrido en faltas administrativas disciplinarias cuando se desempeñó como jefe(e) de la Oficina en mención. Así lo establece la Resolución General Regional N° 00161-2022-GR.LAMB/GGR, emitida el 13 de setiembre último, tras el análisis de los documentos remitidos por el órgano instructor.
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