La Contraloría General halló irregularidades en la adjudicación de la obra de rehabilitación de la Institución Educativa N° 10925 “César Vallejo”, del pueblo joven López Albújar de Chiclayo; debido al otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato de ejecución con un postor que incumplió con los requisitos establecidos en las bases, dejando de lado a ofertas válidas que sí cumplían con lo solicitado en dichos documentos.
El Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 10-2021-MPCH-CS-1 para la ejecución de la obra bajo el sistema de suma alzada y en un plazo de 150 días calendario, fue convocado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), por un valor referencial de S/ 4 725 530 financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Según el Informe de Control Específico N° 023-2022-2-0425, el comité de selección no estableció el puntaje correcto para uno de los dos postores que alcanzaron la etapa de evaluación técnica, asignándole solo 94 puntos, pese a que acreditó la experiencia requerida. De haber obtenido 100 puntos al igual que el postor que resultó ganador, la entidad edil debió proceder a otorgar la buena pro mediante sorteo a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
Además, la entidad no observó los documentos presentados por el consorcio ganador para el perfeccionamiento del contrato, los cuales no acreditaban la experiencia mínima de 48 meses del ingeniero residente y no cumplían con el equipamiento mínimo. De acuerdo con las bases integradas, la presentación de documentación incompleta tendría que haber generado la pérdida automática de la buena pro; hecho que no fue advertido por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial que continuó con el trámite hasta la suscripción del contrato N° 027 del 8 de julio de 2021.
Del total de los seis postulantes del proceso, el comité de selección no admitió, en la denominada etapa de admisibilidad, a dos propuestas más que sí cumplían con los requisitos establecidos en las bases, ocasionando vulneración a la eficiencia, al no garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública.
Por estos hechos ocurridos entre el 2 de junio y el 8 de julio de 2021, se determinó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de tres exfuncionarios de la municipalidad, por lo que el informe fue comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes, y al alcalde provincial de Chiclayo para el inicio de las acciones que permitan el deslinde de responsabilidades administrativas.
El informe se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control de nuestro portal institucional http://www.gob.pe/contraloria, en aras de la transparencia y acceso a la información pública.
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