Comunidad San Pedro de Mórrope reclama justiprecio de 16 de las 38 mil hectáreas expropiadas para el proyecto Olmos

Dirigentes de la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope solicitaron la intervención del Gobierno Regional de Lambayeque para, de manera extrajudicial, lograr se pague el justiprecio de 16 mil hectáreas que fueron subastadas para el Proyecto Olmos, de las 38 mil que se expropiaron. También abogan para que, en todo caso, no se subasten las 22 mil que quedan.

La pretensión de la comunidad implica dos aspectos: la reivindicación total de esos terrenos, hoy expropiados por el gobierno nacional y registrados a favor del Proyecto Especial Olmos Tinajones-PEOT. «Ahora se trata de que, de acuerdo a la Constitución, se pague el justiprecio de las 16 mil hectáreas subastadas»; y, por otro lado, no proceder con las 22 mil que al parecer se tratarían de subastar próximamente.

Tal explicación la hicieron directivos de la comunidad en reunión sostenida con el gobernador Anselmo Lozano Centurión, quien expresó que se buscará una vía diplomática de solución, porque el caso ya ha sido judicializado y porque la expropiación se dio desde el gobierno nacional.

Historia
En 1988, por ley expedida desde el Congreso de la República, el gobierno expropió 38 mil has de esta comunidad, para ser dirigidas hacia el Proyecto Olmos.
El 2009 los comuneros iniciaron un proceso judicial de reivindicación. El proceso avanzó hasta que prácticamente se archivó; pero ante la insistencia de la comunidad, a comienzos de 2020 se apeló y el Poder Judicial ha indicado que el proceso no puede archivarse ni prescribir porque es un caso de reivindicación; y, por lo tanto, ordenó se continúe.

Tres años después, el 2012, el Gobierno Regional de Lambayeque de entonces suscribió un contrato para, de esas 38 mil hectáreas, subastar 16 mil en la zona norte y 22 mil en la zona sur. Se hizo con el primer grupo y próximamente se podría hacer lo mismo con el segundo.

Estas 22 mil, aún no subastadas, se encuentran en el caserío Pañalá, donde están asentados unos 20 mil comuneros de manera individual y asociada, muchos de ellos expulsados de las 16 mil ha de las que fueron obligados a emigrar y que hoy conducen sus terrenos destinados a la agricultura, ganadería, etc. Allí, incluso, existe un colegio y los residentes han construido sus pozos de agua.

Vías de solución
En la cita con el gobernador, los comuneros indicaron que, para frenar el conflicto judicial, la semana pasada se celebró una audiencia de conciliación con las partes involucradas, pero no se llegó a ningún acuerdo. «Lo que se quiere es evitar un conflicto social. El año pasado la comunidad se organizó y tras una manifestación pacífica se llegó a una mesa de concertación. De lo que se trata es buscar una vía alternativa de solución ante este problema», señalaron.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Esta web funciona gracias a WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: