Un reporte del lunes 17 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, de la Defensoría del Pueblo, relacionado con la Crisis política y protesta social en el Perú, da cuenta de la convocatoria anunciada por las organizaciones sociales en Chiclayo y otros diversos puntos del país, para la marcha de mañana miércoles 19, llamada «Toma de Lima».

La Defensoría da a conocer en el mismo reporte, las cifras acumuladas de personas fallecidas y heridas. Fallecidos: 49 civiles en enfrentamientos;  11 civiles, por hechos vinculados al bloqueo de vías y 7 miembros de las fuerzas del orden (1 policía y 6 militares), en el contexto del conflicto. Heridos: 1956 personas al 10/03/2023; Civiles: 9552; Policías: 9753 y Militares: 26

Sobre la muerte del ciudadano Manuel Quilla Ticona, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la necropsia y está verificando si la causa probable de su muerte se debe a golpes recibidos durante su detención en una dependencia policial de Lima.

La cifra de personas civiles ha sido actualizada. La Defensoría del Pueblo verificó que 17 personas que fueron identificadas como civiles en la base de datos de personas atendidas del Ministerio de Salud, son miembros de la Policía Nacional. Esta cifra corresponde a los nombres verificados de las listas de policías heridos que se han recibido hasta el momento, incluyendo la última lista remitida por el Ministerio del Interior el 11 de mayo de 2023.

Según se recuerda, en Chiclayo la última marcha que se registró pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso fue el 19 de enero de este año.

“Miles de personas se movilizan por diversas calles de Chiclayo reclamando por la muerte de medio centenar de peruanos en manos de las fuerzas del orden en el sur del Perú y pidiendo la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República y el cierre del Congreso”, recordó el portal de periodismo Mira Por Ellos (https://miraporellos.pe/2023/01/19/miles-de-personas-marchan-en-chiclayo-pidiendo-la-renuncia-de-dina-boluarte-y-el-cierre-del-congreso/).

La protesta, que se llevó a cabo en forma pacífica, se inició en el parque Obrero de la ciudad capital, donde se fueron congregando representantes de instituciones gremiales y centenares de pobladores que portaban cartelones alusivos a la marcha y entre ellos la renuncia de Dina Boluarte, a la que calificaban de asesina, por la masacre ocurrida en el sur del país.

Durante todo el recorrido, la manifestación encabezada por dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP, fue custodiada por decenas de policías.

Piden al Ministerio Público

En Chiclayo, el abogado Mickey Álvarez, al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ha solicitado la intervención de este organismo en la movilización pacífica de protesta que él y miles de ciudadanos efectuarán en Chiclayo mañana 19.

Fundamenta el pedido en que «en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la protesta, diversas organizaciones populares hemos decidido efectuar el 19 de julio del 20023, una movilización pacífica por las calles de Chiclayo».

Señala que el gobierno de turno viene ejecytando0 un proceso destinado a criminalizar la protesta social y, no sería raro que pretenda infiltrar nuestra movilización ese día, buscando0 ejecutar actos violentos dentro de nuestra protesta, para así poder criminalizarla y atribuir a los dirigentes y ciudadanos actos ilegales contra la vida y el patrimonio».

Agrega que siempre sus movilizaciones han sido pacíficas y que esta también lo será, «pues que estamos conscientes que el derecho fundamental a la protesta es inherente a la persona humana como ser social, que incluye el derecho a la libre expresión de nuestras ideas, lo cual debe ser resguardado por el Estado y, en este caos, por el Ministerio Público como defensor de la legalidad y los derechos de los ciudadanos».

«No deseamos más violencia contra el pueblo, como la que ha ejecutado el gobierno de turno en diciembre 2022 y enero 2023, acabando con la vida de decenas de peruanos, con actos calificados como ejecuciones extrajudiciales y masacres por los organismos defensores de los derechos humanos de América y el mundo; razón por la cual no dudamos de vuestra presencia en nuestra movilización, para resguardar los derechos humanos de los lambayecanos».