El gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, Segundo Eliseo Rojas Soplapuco, informó que entre las acciones derivadas de la nulidad de contrato del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, a consecuencia de la detección de documento falso, su despacho solicitará al tribunal del OSCE la sanción para el contratista y derivará la documentación a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Procuraduría Regional para las acciones administrativas y penales que hubiera lugar.
El funcionario acudió al Consejo Regional de Lambayeque que preside el consejero delegado, Alonso Barturén Pizarro, para brindar detalles de las medidas adoptadas por la Gerencia General en torno a este caso.
Rojas Soplapuco precisó que la decisión de anular el contrato se tomó en mérito al Informe Técnico N°000017-2022-GR.LAMB/ORAD-OFLO, que dio cuenta que el Consorcio Techquk presentó un certificado de trabajo falso hecho sancionable de acuerdo al articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.
En ese contexto, subrayó la empresa transgredió el principio de presunción de veracidad al ingresar un certificado de trabajo que sumaba puntos en el ítem de calificaciones del plantel profesional clave contenida en las Bases Integradas para acreditar la experiencia, en tiempo y especialidad, satisfaciendo dos requisitos.
Indicó que se notificó a la empresa de los hallazgos, sin embargo, hizo los descargos sin levantar las imputaciones hechas por lo que al haberse configurado el supuesto señalado por el articulo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado se recomendó la nulidad del Contrato de Obra N°000007-2022-GR.LAMB/ORAD.
Precisó que en ese contexto, el gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, emitió la Resolución Ejecutiva Regional 554-2022 disponiendo nulidad de contrato del proyecto de Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana para el distrito de Chiclayo.
Durante su intervención en el pleno del Consejo Regional, el funcionario además deslizó una presunta sobrevaloración de equipos, por lo que el colegiado se pronunció por recomendar al Ejecutivo denunciar los delitos que pudieran haberse configurado en este proceso de licitación.
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