En el marco del Megaoperativo de Control en Lambayeque, la Contraloría General detectó la irregular contratación de un proveedor, por un monto de S/ 36 938 150, para el servicio de alimentación destinado a los internos, internas (y sus menores hijos), así como al personal que labora en los establecimientos penitenciarios de las regiones La Libertad y Piura, que pertenecen a la Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Según el Informe de Auditoría N° 201-2022-CG/GRLA-ACC, que comprende el periodo 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2020, la Oficina Regional Norte Chiclayo del INPE otorgó la buena pro y suscribió contratos al margen de la norma, con un único proveedor que no acreditó las exigencias previstas en las bases del concurso público N° 01-2019 y de las contrataciones directas Nº 01 y Nº 02-2020, limitando la participación de posibles postores.
En el concurso N° 01-2019, se otorgó la buena pro y se suscribieron dos contratos por S/ 22 492 687, sin que el personal de Logística realizara la indagación de mercado y solo considerara como valor estimado el monto de la cotización presentada por el único postor que, además, ya venía prestando tales servicios en la entidad, con contrato vigente.
En ambas regiones, el postor presentó la “Promesa de Consorcio” sin cumplir con las exigencias previstas en las bases integradas, y en el caso de Piura no acreditó los requisitos correspondientes a la Formación Académica del Personal Clave (cocinero o chef profesional o técnico en gastronomía), por lo cual, las ofertas no debieron ser admitidas y el proceso debió ser declarado desierto al no haber recibido oferta válida.
Asimismo, el postor incumplió con remitir la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento de los contratos. Pese a ello, el Jefe de Logística dio conformidad a la documentación presentada, solicitando continuar con el trámite correspondiente para la suscripción de los contratos.
Cabe señalar que durante el concurso público en mención se generaron retrasos e incumplimientos normativos, lo que conllevó a que la entidad, ante el desabastecimiento de alimentos, contrate “prestaciones adicionales”, “contrataciones complementarias”, “adjudicaciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT)” y “contrataciones directas”, con el mismo proveedor; pero esta vez por un nuevo monto ascendente a S/ 14 445 463, evidenciándose situaciones contrarias a norma.
Por estos hechos, se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 12 funcionarios, exfuncionarios, servidores y exservidores de la entidad.
El informe fue puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para el inicio de las acciones legales contra los involucrados, y del director de la Oficina Regional Norte del INPE para el inicio de las acciones administrativas que correspondan.
Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del mismo y de otros servicios, a través de nuestro Buscador de Informes de Control y portal http://www.gob.pe/contraloria
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