En Incahuasi la Contraloría detectó otorgamiento de contrato por 5.6 millones a postor que incumplió requisitos para ejecutar obra educativa

La Contraloría General detectó que la Municipalidad Distrital de Incahuasi, en la provincia de Ferreñafe, consintió la buena pro y suscribió el contrato de ejecución de la obra de recuperación del colegio N° 10087 del caserío de Totoras, fuera del plazo establecido en la norma, con un postor que no acreditó la experiencia mínima de dos profesionales, ni cumplió con otros requerimientos contemplados en las bases del procedimiento de selección.

El Informe de Control Específico N° 015-2021-2-0426, que evaluó el periodo 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2020, evidenció que tras la buena pro a un consorcio el 13 de noviembre de 2020, el consentimiento de la misma y su publicación, debía materializarse el día 20; sin embargo, este se efectuó recién el 25 del mismo mes, es decir, tras vencerse el plazo establecido por la norma especial de ejecución de obras de Reconstrucción con Cambios.

Con el plazo vencido en la fase de consentimiento de la buena pro, la entidad tenía hasta el 2 de diciembre de 2020 para la firma del contrato, no obstante, este se firmó recién el 7 de diciembre, por un monto de S/ 5 644 937.30 financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y con un plazo de ejecución de 240 días calendario.

De acuerdo a la norma, dichos retrasos acarreaban la pérdida automática de la buena pro y correspondía a la entidad optar por el postor ubicado en el segundo lugar en el orden de prelación del proceso de selección.

Respecto a la experiencia de los profesionales, se determinó que el ingeniero residente no cumplía con los 5 años establecidos en las bases, mientras que el ingeniero sanitario acreditó 321 días de experiencia, cuando las bases establecían un año de experiencia como mínimo.

En torno a la acreditación del equipamiento, se presentó una carta de compromiso de alquiler y facturas electrónicas, no siendo estas últimas reconocidas por su emisor.

En cuanto a las declaraciones juradas sobre sentencias condenatorias, sanciones administrativas por infracción a las normas de contrataciones públicas, entre otras; el consorcio solo presentó la de su representante común, más no de sus representantes legales, accionistas o gerentes, como exigen las bases.

La Contraloría recomendó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones penales contra una funcionaria comprendida en el caso y al alcalde de Incahuasi realizar las acciones necesarias que determinar la responsabilidad administrativa de cuatro servidores y exservidores.

Como parte de la política de transparencia y acceso a la información, el informe de control específico se encuentra publicado en nuestro Buscador de Informes de Control a través del portal institucional http://www.gob.pe/contraloria.

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