La labor periodística en tiempos electorales ha dejado de ser una simple transmisión de propuestas para convertirse en un campo de batalla contra la desinformación y la polarización extrema. En este escenario, es imperativo que desde el periodismo rescatemos una verdad fundamental: los derechos humanos no son “caprichos” individuales, “imposiciones” externas ni “agendas caviares”. Son, en rigor técnico, pretensiones fundadas y expectativas esenciales para la coexistencia social.

Parte de ello fue el marco esencial que se expuso en una de las sesiones del curso de Actualización en Periodismo, Elecciones y Derechos Humanos para Periodistas, dictado por la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, en el que participamos. Las primeras exposiciones estuvieron a cargo de las docentes universitarias Valeria Reyes Menéndez e Iris Jave Pinedo.

Valeria, especialista en temas de justicia internacional aplicable a casos de graves violaciones a los derechos humanos, e Iris, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la mencionada universidad, coincidieron en que el proceso de 2021 dejó lecciones amargas sobre cómo el discurso público puede degradarse hasta comprometer la estabilidad democrática y que, ante el auge de narrativas que buscan deslegitimar los derechos fundamentales, el periodismo debe abandonar la “neutralidad pasiva” y adoptar una rigurosidad analítica. “Informar éticamente implica entender que la democracia no es solo el gobierno de las mayorías, sino un sistema cuya validez depende del respeto irrestricto a los derechos humanos, los cuales funcionan como el marco mínimo de dignidad necesario para cualquier deliberación pública real”, se indicó.

ELEMENTOS ESENCIALES

Las ponencias se basaron en que, técnicamente, los derechos humanos son pretensiones o expectativas que un sujeto tiene de manera fundada sobre lo que el Estado debe hacer o dejar de hacer en relación con sus necesidades esenciales. “No son concesiones graciosas del poder, sino exigencias generalizables: si yo exijo libertad de expresión, debo reconocer que cualquier otro en mi situación tiene el mismo derecho”, precisaron.

Asimismo, se enfatiza en que el Estado es el garante principal porque es el titular del poder político y concentra el monopolio de la fuerza y su obligación no es solo abstenerse de violentar al ciudadano, sino generar activamente las condiciones para que el ejercicio de derechos sea una realidad y no una declaración lírica.

Igualmente, la Constitución de 1993, a pesar de las controversias sobre su origen, establece un sistema de protección robusto mediante el Artículo 3. Este artículo funciona como una “cláusula de numeración abierta”, permitiendo que derechos no mencionados explícitamente (como el derecho a la verdad o a la identidad de género) se incorporen al bloque de constitucionalidad por su naturaleza análoga a la dignidad humana.

HIPOCRESÍA POLÍTICA

Sin embargo, se dijo, el periodismo debe denunciar la hipocresía en el discurso político actual. Mientras sectores conservadores agitan la bandera de la ‘defensa de la Constitución’, un estudio reciente del IDEPUC identificó 308 propuestas de modificación constitucional presentadas o aprobadas por las bancadas entre 2021 y 2025. Esta inestabilidad normativa demuestra que las propuestas ‘antiderechos’ no son errores de cálculo, sino intentos deliberados de desmantelar la pirámide normativa donde los derechos humanos ocupan la jerarquía máxima.

De otro lado, se aclaró que es un error periodístico frecuente atribuir las responsabilidades de derechos humanos solo al gobierno de turno. Bajo el principio del Estado como unidad, las obligaciones de respetar, garantizar y no discriminar son continuas.

Un caso paradigmático es la reciente sentencia de la Corte Interamericana en Cuadra Bravo vs. Perú. Se refiere a Víctor Cuadra Bravo, quien fue cesado en su cargo cuando se desempeñaba como director de la Oficina General de Administración del Poder Judicial. El cese se produjo en un contexto de reorganización institucional tras la caída del régimen de los años 90, mediante una resolución que no ofrecía una motivación clara sobre las causas de su salida. Aunque los hechos ocurrieron en los 90, el Estado actual debe asumir las reparaciones. Las promesas electorales de “romper” con sistemas internacionales ignoran que los compromisos permanecen: incluso si se denuncia la Convención Americana, el proceso tarda un año en surtir efecto y el Estado sigue siendo responsable por cualquier violación ocurrida antes de ese plazo. La Corte IDH determinó que el Estado peruano violó varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como consecuencia de la responsabilidad internacional, la Corte ordenó pagar indemnizaciones por concepto de daños materiales e inmateriales; publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en portales institucionales; y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional (en ciertos casos de esta índole).

Los profesionales que seguimos el curso entendimos que el periodismo debe abandonar la “neutralidad pasiva” y adoptar una rigurosidad analítica. Para ello, hay que adoptar una lista ordenada de pasos para realizar una actividad de forma correcta, segura y estandarizada.

NARRATIVAS MEDIÁTICAS ANTIDERECHOS

En el curso a los periodistas se conoció que desde una perspectiva de la Ecología Política de los Medios, las instituciones mediáticas no solo informan, sino que construyen marcos de interpretación que pueden naturalizar discursos de odio. El mecanismo más peligroso es la falsa equivalencia: presentar un dato técnico o un derecho fundamental como una simple “opinión” debatible frente a un prejuicio. Se puso como ejemplo confrontar el impacto científico del embarazo infantil con una postura moral dogmática, como si ambas tuvieran el mismo peso en el diseño de políticas de salud pública.

Asimismo, se planteó que la estrategia narrativa para desmantelar derechos requiere la construcción de un enemigo que amenace la identidad del electorado. Los temas de polarización se centran en: “Terruqueo”, que es el uso indiscriminado de la memoria del conflicto armado para deslegitimar cualquier protesta social o postura progresista; el término “Caviares”, que es el etiquetado de defensores de derechos humanos para invalidar su fiscalización técnica sobre el poder. También la Xenofobia: Vínculo artificial entre migración y criminalidad para justificar recortes de derechos. Y, finalmente el género y memoria: Descalificación de políticas de igualdad y de los procesos de reparación histórica. Asimismo, la propuesta de la pena de muerte es el “caballito de batalla” del populismo punitivo. Un análisis periodístico serio debe desmentirla bajo tres ejes: La Convención Americana prohíbe explícitamente extender la pena de muerte a delitos que no estaban contemplados al momento de ratificar el tratado; no existe correlación científica entre el endurecimiento de penas (populismo punitivo) y la reducción de la inseguridad; y, finalmente, el hecho de que salir del sistema interamericano para ejecutar esta medida implicaría dejar al ciudadano sin instancias de apelación internacional ante un sistema judicial interno cuestionado. Y, lamentablemente, mucho de esto hemos escuchado en los últimos “debates” presidenciales.

DESINFORMACIÓN EN ELECCIONES

Las conferencistas dieron a conocer diversos patrones de desinformación, el mecanismo que se practica y el impacto que produce en el electorado. Por ejemplo, teorías de fraude sin evidencia, utilizando la difusión de irregularidades masivas sin sustento técnico de observadores u organismos; lo que socava la confianza institucional y asusta al electorado antes del escrutinio.

Otra desinformación que se presenta actualmente es el uso de encuestas viciadas. La publicación de sondeos de empresas no registradas ante el JNE/ONPE o sin ficha técnica, manipula la percepción de “voto útil” y crea falsos punteros.

También se presentan datos reales sin contexto, cifras verdaderas presentadas de forma aislada para inducir conclusiones erróneas; lo que impide la fiscalización real del desempeño de candidatos o autoridades.

Y, finalmente, las campañas de bots y tendencias que se vienen dando en estos últimos tiempos, son parte de la desinformación. Así, el uso de cuentas artificiales para amplificar ataques o crear consensos inexistentes, genera una percepción distorsionada de la opinión pública; lo que se conoce como “cámaras de eco”.

Las lecciones que se nos ofrecen a los periodistas para elevar la calidad de la cobertura y reducir la incertidumbre informativa, estriban en que el periodista debe aplicar como protocolos de acción: Neutralizar el lenguaje del actor: No replicar etiquetas como “terruco”, “caviar” o consignas de campaña sin someterlas a un tamiz crítico; priorizar fuentes técnicas sobre opiniones: Ante alarmas climáticas o sociales, contrastar la emocionalidad del candidato con datos del SENAMHI, la Defensoría del Pueblo u organismos técnicos especializados; Contextualización normativa obligatoria: Cada propuesta de “mano dura”, o reforma, debe ser explicada bajo el marco de los derechos que pone en riesgo y su viabilidad constitucional real. Y, finalmente, una pedagogía del proceso electoral: Explicar con claridad mecanismos complejos como el funcionamiento de la nueva bicameralidad (Senadores y Diputados) y el uso correcto de la cédula de votación para evitar que la confusión sea usada como herramienta de impugnación.

Así, se concluye que el periodismo no es un espectador de la democracia, es su sistema inmunológico y que nuestra responsabilidad social como periodistas radica en fortalecer la confianza institucional mediante hechos, no en alimentar hogueras emocionales.

Finalmente, se añade en que, si bien la libertad de expresión es un pilar fundamental, esta no ampara la apología a la discriminación ni los discursos de odio. El deber ético del periodista es advertir sobre el peligro sistémico que representan los líderes que, buscando el poder, atacan la dignidad de grupos vulnerables. Proteger la deliberación pública exige denunciar la mentira, contextualizar la amenaza y recordar que, sin derechos humanos para todos, la democracia es solo un simulacro. (Larcery Díaz Suárez)