Nadie se salva. Los cinco congresistas que representan a la región Lambayeque están registrados en carpetas fiscales y/o denuncias constitucionales. Así se reveló mientras se discutía la inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública de la exfiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.

ESCRIBE: LARCERY DÍAZ SUÁREZ *

Y otra situación que se observó en el proceso, calificado como inconstitucional en contra de Delia Espinoza es que, mientras tres de los lambayecanos: María Grimaneza Acuña Peralta (Alianza para el Progreso-APP), Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular-FP) y María Jessica Córdova Lobatón (Renovación Popular-RP), votaban a favor de la inhabilitación en todas las convocatorias, otro, José María Balcázar Zelada (Perú Libre-PL), que se abstuvo en la primera votación, fue llamado al orden, cambiando su parecer y sumándose a favor, tanto en la reconsideración como en la segunda votación. La quinta de las representantes por Lambayeque, Hilda Marleny Portero López (Acción Popular-AP), se encontraba de licencia. Suponemos que también habría votado a favor, por las denuncias que, junto con sus colegas parlamentarios, lleva encima.

LOS DENUNCIADOS

En octubre de este año la Municipalidad de Santiago de Surco, Lima, presentó una denuncia penal contra la congresista María Grimaneza Acuña, su empresa familiar y varios allegados, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y tentativa de homicidio. La acusación se sustenta en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2025, durante un operativo de recuperación de un espacio público en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Se incluyen testimonios, videos y registros oficiales. Los trabajadores municipales habrían sido agredidos con ladrillos y fierros lanzados desde un inmueble vinculado a la parlamentaria. Según la acusación, personas desde un predio colindante impidieron violentamente la labor edil. El inmueble pertenece a la empresa Inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L., cuya titular es María Acuña.

También la congresista Acuña fue denunciada por concusión. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida Lady Camones (APP), inició la audiencia de la denuncia 364 contra María Acuña (APP), a quien se le acusó por presuntamente haber obligado a sus trabajadores a recortarse el sueldo para pagar la remuneración de otro de sus empleados. Ello implicaría la presunta infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución, y el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal. La denuncia constitucional 364 fue formulada por el ciudadano José Briones Trujillo y hecha suya por la congresista Kira Alcarraz Agüero (PP).

La denuncia contra Alejandro Aguinaga fue por Asociación ilícita para delinquir. Aguinaga estaba denunciado por las esterilizaciones forzadas y votó a favor de la ley de impunidad. En marzo de 2024 Fuerza Popular y sus satélites aceleraron la ley para limitar aplicación de los tratados internacionales sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Alejandro Aguinaga, legislador de Fuerza Popular y procesado judicialmente por el caso de las esterilizaciones forzadas, votó a favor de un dictamen que podría beneficiarlo directamente para evadir a la justicia. Se trata del dictamen que prohíbe considerar como delitos de lesa humanidad a los hechos cometidos con anterioridad al 2002, año en que entra en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Las denuncias de los congresistas varones, ligadas a otras quejas fiscales. (Fotos: Pasión por el derecho e Infobae)

En abril de 2025 se presentó denuncia contra José María Balcázar por Cohecho pasivo. Fue en la misma denuncia constitucional presentada contra la entonces exfiscal Liz Patricia Benavides Vargas por intercambio de favores ilícitos, en perjuicio del Estado peruano. Según el Ministerio Público, el acuerdo se basó en blindarse mutuamente.

La acusación señala que durante su gestión al frente del Ministerio Público, Benavides llegó un acuerdo con el legislador Balcázar, a través de sus asesores, para realizar un intercambio de favores de carácter ilícito. Este presunto pacto tenía como objetivo inicial blindarse mutuamente. Mientras Benavides se encargaba del sobreseimiento del proceso penal que enfrentaba Bálcázar ante la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque, él, como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, votaría a favor de archivar las denuncias constitucionales presentadas contra Benavides.

En enero de 2023, la Fiscalía pidió un año de cárcel para la congresista María Jessica Córdova, de Avanza País. El Ministerio Público presentó requerimiento acusatorio por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones-JNE y el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el inicio del juicio oral.

Conforme al requerimiento acusatorio subsanado que comprende la Carpeta Fiscal n.° 4502-2021, María Jessica Córdova, quien el 2021 postuló al Congreso por Renovación Popular, efectuó una falsa declaración en su hoja de vida. La parlamentaria no informó los cargos desempeñados en la empresa LOT Internacional SAC y LOT PLUS SAC desde el 2018 al 2020. Es decir, su actividad privada antes de su postulación, a pesar de que el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que la declaración jurada debe consignar la experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido en el sector público y privado.

En junio del 2022 también se pidió investigar a la congresista Jessica Córdova debido a la contratación de una trabajadora de su despacho en la empresa que dirige su pareja sentimental Horacio Vergara Arancibia. Tras el escándalo, Córdova anunció que la trabajadora Shirley Martínez Paredes fue separada del Congreso.

Entrevistada entonces por el programa Panorama, Córdova dijo que desconocía las actividades que realiza su excoordinadora, evitando así responder por el trabajo que ejercía en paralelo para el Congreso, así como para Lot Internacional. “No sé de esas cosas porque yo vivo acá (en Lima) y solo voy a Lambayeque para la semana de representación. ¿Cómo voy a saber? (…) Tendrías que preguntarle a ella. Yo no estoy detrás de ella para saber lo que hace”, expresó.

En diciembre del 2024 la Fiscalía presentó denuncia constitucional contra la congresista Hilda Marleny Portero López, por presuntamente ser autora del delito de concusión en agravio del Estado (presunto recorte de sueldo a sus trabajadores). De acuerdo con el Ministerio Público la parlamentaria de Acción Popular habría abusado de su cargo para que un total de ocho colaboradores entreguen diversas sumas de dinero a través de su asesora, Liliana Analinda Bances Farro.

Los casos de María Grimaneza Acuña (78-2025), por homicidio y (198-2025), por concusión, fueron archivados el 2 de junio y 18 de setiembre de 2025, respectivamente. El de Alejandro Aguinaga (48-2025), por asociación ilícita para delinquir, fue enviado al archivo el 9 de junio de este año. También fueron archivados los casos de María Jessica Córdova (328-2024), por falsa declaración en procedimientos administrativos y la registrada por cohecho y enriquecimiento ilícito (28-2024). Y se encuentra en diligencias preliminares el caso de Marleny Portero (22-2025), por cohecho propio.

En cuanto a denuncias constitucionales, tres de los congresistas lambayecanos todavía figuran con cuatro de ellas: José María Balcázar (1228-2024), por cohecho pasivo, presentada el 15 de abril de 2024; Jessica Córdova (172-2022), por peculado doloso, presentada el 16 de setiembre del 2024 y Marleny Portero, que tiene dos: la N° 540 (88-2024), por concusión, presentada el 15 de diciembre de 2024 y la N° 620 (204-2022), por asociación ilícita para delinquir, presentada el 25 de julio de 2025.

Las mujeres del Congreso, María Acuña y Jessica Córdova, también tienen su registro.

EL TOTAL DE LAS DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

En lo que concierne a las demás denuncias constitucionales, tanto la bancada de congresistas de Acción Popular, como la de Alianza para el Progreso, tienen 12 cada una; Podemos Perú 11; Fuerza Popular 4; Renovación Popular 4; Perú Libre, 4; Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial 3; Somos Perú 3. Y tanto la Bancada Socialista, como Bloque Democrático Popular registran una denuncia cada una. Por su parte, Honor y Democracia tiene dos denuncias constitucionales, que fueron declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales;

El congresista Alejandro Aguinaga, quien aún representa a Lambayeque, se encuentra entre los 19 parlamentarios de Fuerza Popular, de los más de 80 del actual Congreso que pretenden reelegirse como senadores o diputados. En el caso de Aguinaga, como senador. En tanto, Jessica Córdova, también aún de Lambayeque, quiere volver al Parlamento como diputada.

Según el periodista Wilber Huacasi, del portal Congrezoo, en el pleno del Congreso fueron 71 los congresistas que emitieron su voto a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza. Pero estos no fueron los únicos que respaldaron tal decisión. En general, durante todo el proceso, hubo hasta cinco votaciones, lo cual conlleva a establecer que fueron, en realidad, 94 los legisladores de turno que apoyaron con sus votos esta medida arbitraria e inconstitucional.

Hilda Portero. Algunas de las denuncias contra las árlamentarias aún están por resolver. (Fotos: Congreso, La República y Correo).

Huacasi explica en su portal Congrezoo, cada una de las cinco votaciones:

Voto 1: Fue la primera votación del pleno del miércoles 3 de diciembre, cuando solo llegaron a 63 votos y no alcanzaron los 68 necesarios para aprobar la inhabilitación.

Reconsideración: Tras la primera derrota en el Voto 1, Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron reconsideraciones. Fue así que la tarde del mismo miércoles Rospigliosi sometió a votación y 91 congresistas votaron a favor. Es decir, todos ellos apoyaron para que en el pleno se vuelva a votar la sanción arbitraria contra Delia Espinoza.

El periodista Wacasi presenta una tabla donde se puede encontrar esos 91 votos en la segunda columna: Recons. (Aquí podrán encontrar el apoyo camuflado de Gladys Echaíz y Roberto Chiabra, entre otros).

Voto 2: Luego de que la reconsideración fuera aprobada con 91 votos, el pleno volvió a someter a votación el tema de fondo y fue así que lograron, ahora sí, los 71 votos a favor de la sanción. Uno de ellos fue Guido Bellido.

CP: Pero antes de que el informe final para la sanción contra Delia Espinoza llegue al pleno, el tema fue votado en una instancia previa: la Comisión Permanente (CP). Aquí hubo 16 votos a favor de la sanción. Estos ya no podían volver a votar en el pleno, según el reglamento. Patricia Juárez o Martha Moyano, por ejemplo, votaron a favor en la CP y estaban impedidas de votar en el pleno. Por eso les costó alcanzar los votos. Con todo, queda para el registro también estos 16 votos a favor de la decisión inconstitucional.

SAC: Y antes de que el caso llegue a la Comisión Permanente, la primera instancia donde se vota la propuesta de sanción es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside Lady Camones.

Resumen: Si sumamos los 71 votos del pleno, más los 16 de la SAC y otros 7 que únicamente se pronunciaron a favor de la reconsideración, tendremos un total de 94 congresistas de turno que respaldaron este golpe institucional contra el Ministerio Público, a través de la inhabilitación inconstitucional de Delia Espinoza.

* Periodista. Director del Portal de Noticias www.miraporellos.pe