Todavía no acaba octubre ni el 2024 y ya este año ha visto la mayor cantidad de homicidios de los últimos años. Desde que existe el registro del Sinadef, el Sistema de información nacional de defunciones, desde el 2016 cuando se creó, nunca ha habido tantos asesinatos en el Perú. Esta data la calibró el ingeniero Juan Carbajal. Esta semana hemos roto todos los récords. ¿Por qué? ¿Qué ha salido mal? Pues, quédense con nosotros y para esto les vamos a explicar, una por una, las leyes que vienen asesinando a los peruanos.

Para esto nos vamos a basar en información de especialistas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y del fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el crimen organizado. Por si acaso, Chávez Cotrina reconoce lo que todos sabemos; que hay malos fiscales, que también hay malos jueces que dejan libres a los delincuentes, ya sea por incompetencia o por corrupción; pero, eso siempre ha habido; no quiere decir que hayamos estado bien; siempre hemos estado mal, pero ahora estamos peor. Siempre han existido malos jueces; siempre han existido malos fiscales. La pregunta ahora es qué es lo distinto este año, qué explica la ola actual de crimen. Pues, la respuesta es: este Congreso y este gobierno.

La primera ley asesina

La primera ley asesina fue emitida no por el Congreso sino por el gobierno. Es un Decreto legislativo, el 1585, aprobado en noviembre del año pasado. ¿Qué dice este decreto?: Que ahora, para dictar prisión efectiva, o sea para que vayas a la cárcel realmente, un delincuente tiene que ser sentenciado a más de 5 años de cárcel. Si sentencian a un delincuente a menos de cinco años, puede tener prisión suspendida; o sea, en la práctica, quedar libre. Esto, por si acaso, también afecta las órdenes de prisión preventiva. Ahora solo terminas en la cárcel si se te imputa un delito sancionado con, al menos, cinco años de cárcel.

¿Cómo justificó el gobierno de Boluarte esta ley que claramente favorece a la delincuencia?: Que el Tribunal Constitucional -que es un títere del Congreso- dice que el hacinamiento en los penales es inconsti6tucional, es inhumano. Y tienen razón. Pero la respuesta era construir más penales, no facilitar la vida a los delincuentes. Podrían haber construido más penales, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque esta ley les conviene. Varios delitos de corrupción -apunten esto- se sancionan con penas de hasta cuatro años; así que, subiendo todo a cinco, con este decreto los políticos se aseguraban de no ir a prisión, incluso si los encuentran culpables.

De hecho, el Congreso perfectamente podría haber derogado este decreto, pero obviamente no lo hizo0 porque también les convenía a ellos. Y, más bien, se han dedicado a dar una serie de leyes que en el corto plazo los benefician directamente a ellos, a los congresistas; pero que, en el mediano plazo, bloquean a las autoridades que sí quieren luchar contra el crimen; y estas leyes incentivan la delincuencia más sanguinaria.

Apunten:

La Ley Soto

La ley 31751, conocida como la Ley Soto, propuesta por Perú Libre, pero impulsada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto. ¿Qué hace esta ley? Facilita la prescripción de los delitos.

A favor de esta ley, por si acaso, votó todo el pacto fujicerronistas, acuñistas, medioevales, avanza, todos. Y cuando la Corte Suprema determinó que esta ley era inconstitucional, ¿qué hizo el Congreso?, aprobó una segunda ley, en julio de este año, justo antes de la ola criminal. Y esta segunda ley forzaba a los jueces a acatar la Ley Soto.

Ley contra la colaboración eficaz

Segunda, la Ley contra la colaboración eficaz, Ley 31990. Recorta los plazos que tiene la fiscalía para lograr un colaborador eficaz. Como máximo serán ocho meses y a lo mucho se podrá ampliar el plazo por ocho meses más, en casos de crimen organizado.

A ver. Como ustedes sabrán, no es fácil ser colaborador eficaz. Tienes que estar en capacidad de aportar pruebas de que lo que dices es cierto. Y ese proceso puede demorar. Bueno, ahora ya no puede demorar, porque si demora, chau. Eso ha afectado gravemente las investigaciones a organizaciones criminales.

Material explosivo

Siguiente ley: la 31989 publicada en marzo de este año. Esta ley impide que se puedan incautar material explosivo utilizado en la minería ilegal, que es parte del crimen organizado. Esta ley también revoca la facultad de la policía de actuar contra los mineros que estén, supuestamente «en proceso de formalización»; formalización que todos sabemos es mentira. Si quisieran ser formales han tenido años para convertirse. Y han tenido todas las facilidades. Ojo que, directamente, esta ley modifica aspectos de la legislación contra el crimen organizado. O sea, es una ley, no de minería; es una ley diseñada para favorecer el crimen.

Ley antiforestal

La siguiente es la ley antiforestal, Ley 29763, muy conocida por todos en sus aspectos ecológicos y deforestadores. Pero no olvidemos que también facilita la apropiación de tierras sin control. Y, para apropiarte de tierras, tienes que recurrir -y lo han dicho todos los expertos- a matones o sicarios; y, por tanto, esto estimula la delincuencia. Además, gracias a esta ley, se caen los procesos penales contra los taladores ilegales. Lo han advertido un montón de abogados.

Y, por si acaso, para que lo tengan claro, Elizabeth Medina, congresista elegida por Perú Libre y autora de esta ley antiforestal, también es una defensora de la ley pro crimen organizado. Dice que todos los que criticamos estas leyes somos unos caviares.

Ley pro crimen organizado

Y, finalmente, tenemos la Ley pro crimen organizado, Ley 32108, que todos ustedes conocen y que, efectivamente, dice el Congreso que la ha modificado y que ya está y que no hay nada que protestar ahora. Pero, hecha la corrección, hecha la trampa.

Para empezar, incluso después de esta modificación que hicieron, solo se va a poder procesar por crimen organizado, aquellos delitos que reciban penas mayores a cinco años (¿Les suena el numerito?). Sí. Una vez más, la norma ha sido diseñada para dejar afuera varios casos de corrupción.

Además, Ricardo Valdez, directos de la ONG CHS Alternativo, explicó en El Comercio que al menos 50 delitos siguen excluidos. Repito, 50 delitos quedan fuera.

¿Cuáles son? Apunten:

Hurto agravado, cobro indebido, colusión simple, peculado doloso, varios tipos de cohecho -en total como ocho tipos de corrupción- tráfico de influencia, corrupción, estafa agravada, defraudación, malversación, minería ilegal, por supuesto, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de insumos químicos, tráfico de madera, falsificación de documentos, falsificación de monedas, falsificación de productos farmacéuticos, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Por qué es una desventaja ya no poder incluir ninguno de estos delitos bajo la capa de crimen organizado? Porque cuando los consideres crimen organizado, tú como fiscal o policía, puedes utilizar técnicas de investigación, como interceptaciones telefónicas, uso de agente encubierto, vigilancia, seguimiento y otras, que ya no se pueden usar con estos delitos porque ya no son crimen organizado. Y, repito, siempre ha habido jueces corruptos, fiscales corruptos, policías corruptos. Pero justamente porque siempre han existido, ellos no son la explicación de por qué estamos peor. Antes estábamos mal. Ahora estamos peor.

Ahora, este año, repito, ya rompió los récords criminales.

La explicación esto, por tanto, son las leyes que les acabamos de reseñar.

La explicación es este gobierno; la explicación es este congreso; la explicación es este pacto corrupto que tiene el poder. (Marco Sifuentes. La Encerrona, miércoles 30 de octubre de 2024. Foto de portada: Infobae).