La Comunidad Campesina indígena Túpac Amaru II, ubicada en el distrito de Cañaris, Lambayeque, interpuso una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de la región, en contra del Gobierno Regional al que le exige la restitución de su personería jurídica y de sus tierras ancestrales. Este 22 de octubre se llevará a cabo la audiencia pública de vista de la causa en primera instancia en el 2° Juzgado Constitucional de Chiclayo.

Por ello, directivos de esta comunidad invitan a otras comunidades campesinas y a la sociedad civil a sumarse solidariamente a la Segunda Movilización Cultural la “Comunidad Campesina Túpac Amaru II: Sí Existe”, que se realizará es lunes 21 de octubre, desde las 10:00 am, siendo el punto de concentración la Plazuela Elías Aguirre.

Se recuerda que los comuneros de Túpac Amaru han denunciado que sufrieron la anulación de su personería jurídica de manera arbitraria a inicios de los años 90, en momentos que se reiniciaban las obras por el Proyecto Olmos, cuyas infraestructuras principales como la Presa Limón y el túnel del transvase, en sospechosa coincidencia se instalaron en territorio de esta comunidad

Por esos años también, entre los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori se expropiaba 38 mil has a la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope y 111 mil has a la de Olmos, las mismas que se registrarían a favor del Proyecto Especial Olmos Tinajones PEOT.

SIN EFECTO

En el 2017, el Gobierno Regional encabezado por Humberto Acuña Peralta resolvió dejar sin efecto los títulos de propiedad de la comunidad Túpac Amaru, poniendo en riesgo las más de 32 mil hectáreas comprendidas por su territorio ancestral. Y, desde entonces, la comunidad ha venido sufriendo el desmembramiento de su territorio, siendo el caso más arbitrario el hecho de que el predio denominado “Santa Lucía” ha sido revertido al dominio del Estado, inscrito a nombre del propio Gobierno Regional. Además, se ha registrado que un área de 1000 hectáreas ha sido independizada, nuevamente, a favor del proyecto Olmos. Incluso, durante esta misma gestión de gobierno regional, se creó de manera inconsulta el Área de Conservación Bosque Moyán – Palacios en una extensión de 8,457.76 Has. del territorio de la comunidad.

CONCESIONES MINERAS MINERAS

También, se denuncia que otras 1700 hectáreas del territorio comunal habrían sido entregadas como concesiones mineras. Incluso se ha registrado que una de las titulares iniciales de estos denuncios habría sido la actual congresista por Lambayeque María Grimaneza Acuña Peralta, miembro del grupo político-familiar Acuña Peralta.

«Todo esto es claramente ilegal», según señala la comunidad campesina en la demanda de amparo presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, puesto que siendo un pueblo indígena se tiene el derecho constitucional a la protección de su territorio. Es así que la comunidad está registrada en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura y es heredera del ancestral pueblo de Penachí.

VIDA ORGÁNICA

Desde su constitución formal como comunidad campesina bajo la Ley de Reforma Agraria, ha mantenido su vida orgánica e institucional, ha seguido eligiendo a sus juntas directivas, realizando asambleas, faenas comunales, manteniendo sus tradiciones y prácticas culturales. Además, esta comunidad es reconocida en la práctica por las diversas instituciones públicas y privadas, como es ampliamente demostrado por los demandantes mediante un sinnúmero de documentos. Y si bien la formalidad legal de la personería jurídica, anulada por el Estado, se ha impuesto arbitrariamente, estos procesos según se sustenta en su demanda de amparo, no han anulado su existencia real y a lo largo de todos estos años. Tampoco, en lo que respecta a sus derechos constitucionales reconocidos por la norma interna y por tratados internacionales; lo que si es cierto es que los ha dejado en situación de desprotección, frente a un Estado que le arrebata las tierras, en contradicción a su obligación de protegerlos.