El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, negó que el gobierno de Dina Boluarte castigará a los periodistas y comunicadores que informen sobre la realización de protestas. Hizo esta aclaración a pesar de que, en la solicitud de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, se lee que buscan sancionar a estos profesionales, así como a quienes instiguen el delito de disturbio.

En entrevista con Cuarto Poder, el funcionario público precisó que no promulgarán ninguna ley que afecte la libertad de expresión.

Recordemos que el gobierno de Dina Boluarte pidió facultades legislativas para modificar el Código Penal. Su objetivo es criminalizar la convocatoria y difusión de manifestaciones, derechos a los que la mandataria denomina como “instigación del delito de disturbio”.

“Se propone modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”, se lee en el proyecto del Gobierno.

La iniciativa del Poder Ejecutivo causó preocupación en los medios de comunicación y periodistas, ya que las protestas deben informarse porque hay un alto porcentaje de peruanos y peruanas que, mediante estas acciones, siguen exigiendo la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia. Producto de ello, en enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP), decenas murieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Al ser consultado sobre si el objetivo del gobierno es castigar a los periodistas, el premier Otárola respondió que no promulgarán ninguna norma que atente contra la libertad de prensa. Sin embargo, aclaró que sí buscan sancionar a los instigadores del delito.

“Lo expliqué la vez pasada y esa no es la intención del Ejecutivo. No va a salir ninguna norma que afecte la capacidad de los comunicadores ni la libertad de prensa. No se nos pasó porque no hemos pedido facultades para eso. Hemos pedido facultades para los instigadores del delito, puede ser cualquier persona”, precisó.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), comentó que no es la primera vez que el gobierno de Dina Boluarte busca atentar contra la libertad de prensa.

En marzo de 2023, el Ministerio del Interior, al mando de Vicente Romero, pretendió implementar un protocolo para cubrir las manifestaciones contra el gobierno. Es decir, querían legitimar una forma específica de informar las protestas.

Mientras que desde el Congreso se quiso aumentar la pena para el delito de difamación, que podría afectar a los periodistas.

“Para nosotros, la naturaleza de una propuesta como esta que es la modificatoria del Código Penal para sancionar a lo que ellos llaman que se está generando disturbios o a la violencia, con una mención expresa a los comunicadores sociales y el uso de los medios de comunicación, es letal para la libertad de prensa”, opinó.

También criticó que el gobierno de Dina Boluarte quiera señalar a los periodistas como responsables de los actos de violencia durante las protestas. En realidad, durante estos eventos se desconoce qué puede ocurrir.

“Un periodista no puede saber si en una movilización habrá disturbios o no. Por eso, informamos sobre eso. Si esto se llega a aprobar, la modificatoria del Código Penal, los periodistas serían responsables de haber incitado a la violencia. ¿Quién lo va determinar? ¿Un juez o fiscal?”, señaló. (Valeri León. INFOBAE)