La Asamblea de delegados de organizaciones de la sociedad civil de Lambayeque-ADOSCIL, señaló hoy que “ejercer el derecho constitucional a la protesta, no es atentar contra el estado de derecho”. Tal afirmación se hizo en un pronunciamiento “en defensa de la democracia”, que firma el coordinador regional de esa organización, Jorge Alarcón Gasco.

Se señala que ante la dramática situación social, política y económica que atraviesa nuestro país, con sistema de partidos en el poder absolutamente deslegitimado cuyas representaciones políticas comercializan e intercambian favores afectando los ingresos del Estado, han convertido a la institución congresal en uno de los poderes más mediocres y desprestigiado de las últimas décadas.

“EI Ejecutivo a través de sus voceros, comete un grave error político al convertirse en caja de resonancia de personajes que viven al margen de la Ley y el Derecho, los ciudadanos que se movilizan por justicia y derechos no son «terroristas», están «molestos» porque sienten que el Estado ni sus autoridades los representa y ven amenazados su propia existencia. La estrategia del terruqueo» es propia de las dictaduras de «derecha o de izquierda» el poder constituido está en la obligación de cuidar la vida de los ciudadanos, en un estado de derecho el poder no “amenaza” al poder originario, ni captura instituciones como ya lo han logrado con el Tribunal Constitucional, el Ministerio Publico, la Defensoría Pública, y van tras La Junta Nacional de Justicia y organismos electorales. Ante estas conductas políticas que no son meras casualidades, levantamos nuestra voz”.

En tal sentido, Adoscil denuncia que desde el Congreso de Republica se vienen tomando decisiones de implicancia legal sin tener en cuenta los límites que establecen nuestro diseño constitucional, tales como: Haber modificado la Constitución con una Ley para que, la actual presidenta ejerza funciones y atribuciones de Gobierno de manera remota, y no mediante una reforma constitucional, de acuerdo al procedimiento legal establecido con dos legislaturas; modificar Leyes del Sistema Nacional de las Procuradurías y recortar los plazos del sistema de colaboración eficaz para casos de corrupción pública y privada, medidas que afectan seriamente la capacidad de Estado para defender los bienes jurídicos esenciales como el correcto funcionamiento de la administración pública y La lucha frontal contra la corrupción.

Asimismo, exigen a la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial y órganos de control jurisdiccional, a cumplir con sus atribuciones legales y funcionales, persiguiendo el delito y sancionando de manera ejemplar con los estándares de celeridad, oportunidad y legalidad sin calculo ni roles políticos.

También demandan del Tribunal Constitucional ejercer atribuciones legales para exigir que los órganos competentes activen sus fueros y hagan justicia a las familias que perdieron a sus familiares en las protestas sociales contra el actual Gobierno.

Igualmente, exigen al actual Defensor del Pueblo para que de acuerdo a sus atribuciones legales y funcionales asuma posición institucional en defensa de los ciudadanos contra la ley aprobada por el Congreso que acorta los plazos del Sistema de Colaboración Eficaz contra la corrupción, porque es un lamentable retroceso a la política nacional de lucha contra la corrupción que se debe evitar.

Se exhorta a la Contraloría General de la Republica y sus oficinas regionales a cumplir diligentemente con sus funciones y atribuciones legales, mediante los mecanismos de control preventivo y concurrente sobre la pertinencia y legalidad de los gastos presupuestales, informando a la Sociedad Civil Organizada de los avances de la lucha contra la corrupción, los dineros que se recuperan y los funcionarios y servidores sancionados.

Demandan, asimismo, de las autoridades del gobierno nacional su responsabilidad de proteger los derechos de las personas convocadas para movilizarse el próximo miércoles de 19 de julio, a la fiscalía de prevención del delito a detectar y sancionar a las personas infiltradas que solo buscan desprestigiar la movilización, a la PNP y las FFAA su obligación de no interferir con el legítimo ejercicio de la protesta social, ni fomentar la intolerancia, en abuso de la ley. “La Constitución Política del Perú garantiza el derecho a reunión, expresión, libre tránsito y protesta ciudadana que en esta oportunidad se suman a la demanda de nuevas elecci0nes generales como una salida a la crisis política del país. A los hombres de leyes del departamento, estar alertas al llamado en defensa del estado de derecho y de los ciudadanos del uso legítimo del derecho a reunión y protesta social”.

Finalmente, invocan a quienes harán uso de legítimo derecho a protestar en los próximos días, en todo el país, hacerlo en paz, sin violencia, no exponer a los menores ni ancianos; y hacerlo con organización y convicción. (Foto referencial. Nueva Sociedad).