Más de un centenar de trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pomalca acudieron hasta la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para rechazar una posible instalación de una administración judicial en la azucarera y exhortar al Poder Judicial a no dejarse sorprender por lo que calificaron de maniobras ilegales que carecen de sustento legal.

Los manifestantes, portando banderolas, pancartas y cañas de azúcar se ubicaron en el frontis de la sede judicial para alzar su voz de protesta, puesto que, según dijeron, una posible administración desestabilizaría y pondría en riesgo la continuidad de las operaciones en la agroindustrial que hasta la fecha se realizan con paz laboral, lo que permite que sus trabajadores reciban al día sus sueldos todos los meses.
La empresa Pomalca no tiene o ha tenido Administración Judicial y, por tanto, rechazan el intento de un grupo de personas, seudo empresarios, posiblemente coludidos con las mafias que actualmente operan en otras empresas del mismo rubro, que mediante la presentación de una medida cautelar, pretenden apoderarse de la azucarera.
El trabajador de corte de caña del anexo Saltur, Juan Palma señaló que “Pomalca tiene una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia general inscrita en registros públicos, es una empresa constituida, donde estos señores que pretenderían instalar una administración judicial quieren desestabilizarla y no lo vamos a permitir porque nos pagan puntualmente”.
Asimismo, indicó que con un directorio el manejo empresarial es diferente, ya que los sueldos son completos y se realizan de forma puntual, mientras que aquellas empresas dirigidas por una administración judicial como es Pucalá a los trabajadores les dan solo medio sueldo y en Tumán apenas 200 soles.
Hoy en día, Pomalca es la única azucarera en la región que está al día en pago de sueldos respecto a otras agroindustriales, debido a que es una empresa legalmente constituida, bajo la conducción de un Directorio que no permitirá que seudos grupos económicos que amparados en una resolución judicial pretendan causar el mismo caos y desolación que afrontan otras azucareras de la región, afectando a miles de familias lambayecanas.