Una medida cautelar de Innovar y Prohibición de Innovar, solicitada por Julio César Guzmán Mendoza, procurador público especializado en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente, ha sido declarada fundada por el Poder Judicial y de ejecutarse de manera práctica significará, en un plazo de cinco días, la destrucción de infraestructura turística en Chaparrí, Chongoyape y la restricción para el desarrollo de la agricultura bajo riego con el canal Majin, sector El Mirador, con la posible pretensión de más adelante solicitar también la demolición de dicho canal.

Edivar Carrasco Vásquez, presidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape denunció hoy que “esta medida sería una condena adelantada que no solo incluye a sus líderes comunales criminalizados por su defensa a su reserva de Chaparrí, sino que terminará afectando a 300 familias comuneras, cuya economía depende de la agricultura y el turismo. «Es decir, un total abuso y vulneración de sus derechos fundamentales”, señala.
Desde el Frente de Defensa «Salvemos Chaparrí», su vocero Javier Ruiz, sostiene que “esta medida es inaudita y que lejos de promover la conservación o protección del Área de Conservación Privada Chaparrí, solo daría un golpe mortal a la misma, ya que sus propietarios los comuneros de Chaparrí, se quedan sin la posibilidad de mantener sus programas de conservación, ya que se resquebrajarían las principales estrategias de gestión sostenible y las propias de la vida campesina, todas incluidas y normadas en su Plan Maestro propuesto y reconocido por el SERNANP para la gestión de la reserva ecológica más importante de Lambayeque. Un sinsentido total ya que parte central de las infraestructuras turísticas, que estarían en riesgo de ser demolidas, han sido financiadas por el propio Estado a través del programa Turismo Emprende, precisamente en reconocimiento de su aporte a la conservación y gestión sostenible en un Área Natural Protegida como es el caso de Chaparrí.

SE AGRAVA SITUACIÓN DE DEFENSORES DE CHAPARRÍ

En tal sentido, se agrava la situación para los campesinos defensores de Chaparrí Juan de Dios Carrasco Fernández, Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz y Américo Laboriano Ramos, ya que no solo se encuentran en situación de acusados, esperando la programación del juicio oral por la supuesta comisión de delitos contra los recursos naturales, en la modalidad alteración del ambiente o paisaje, causa que se lleva en el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos Ambientales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y por el que se solicita una pena de 4 años de privación de la libertad.

ALERTA POR CONSERVACIONISTAS

Se recuerda que tanto la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Chiclayo, como el Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente no han tomado en cuenta que los acusados son reconocidos conservacionistas y vienen sufriendo de violencia, intimidación, estigmatización y criminalización por defender su Reserva Ecológica frente a poderosos intereses externos que desde el año 2013 pretenden el cambio de uso del suelo protegido, hechos de público conocimiento que han incluido el asesinato del comunero José Napoleón Tarrillo Astonitas (2017), amenazas de muerte al hoy ex presidente del Poder Judicial Dr. Duberlí Rodríguez Tineo (2018) y los recientes ataques, campañas difamatorias y denuncias contra comuneros y conservacionistas defensores de Chaparrí (2021), por lo que sus casos han sido incluidos en la activación del Procedimiento de Alerta Temprana del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del Ministerio de Justicia, en la Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (2020), en pronunciamientos de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (2017, 2018, 2020 y 2021), Defensoría del Pueblo (2021) en informes y alertas de la CNDDHH, Amnistía Internacional, Front Line Defender, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).