La tranquilidad parece nunca llegar a la comunidad Campesina Muchik Santa Calatina de Chongoyape, en la Reserva Ecológica de Chaparrí, sede natural del oso de anteojos. Desde el 2014 la comunidad ha sido asediada por conflictos que ponen en riesgo la seguridad ambiental de la zona y a su vez a los mismos comuneros. Se recuerda el cruel asesinato del defensor ambiental y gobernador del caserío El Mirador José Napoleón Tarrillo Astonitas, el cual luchó contra una mafia de invasión de terrenos en el 2017.

Pese a ello el Ministerio de Justicia demoró 17 meses en activar el protocolo para la protección de defensores de los derechos humanos.

En la actualidad diecinueve comuneros vienen siendo asediados, difamados y amenazados por defender la reserva ecológica de Chaparrí. Como el caso del presidente actual de la comunidad, Edivar Carrasco Vázquez, que, desde enero de este año, denuncia reglaje cerca de su vivienda, dado que ya está amenazado de muerte teme por su seguridad.

Otro caso es el de Wilson Bautista Sanchez, dirigente de las rondas campesinas de la comunidad. Acomienzo de este año sufrió abuso de autoridad por parte de la misma policía ambiental que lo acusó de lotización en el área de bosque protegido cuando él solo se encontraba haciendo trabajo comunal como la limpieza de senderos, limpiando la maleza con un rastrillo. Casos similares son los que se repiten con los demás defensores ambientales. 

Hoy, la directiva de la comunidad hablará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las 13:00 horas por la plataforma virtual, cuestionando la efectividad de la política de protección. Se tiene mucho por debatir, dado que ya existen varios antecedentes en todo el país de defensores asesinados.