Desde el Gobierno Regional de Lambayeque, el gobernador Anselmo Lozano invocó al nuevo presidente del Perú, Manuel Merino de Lama, a que el nuevo gabinete mantenga una comunicación fluida con las instancias regionales y locales a fin de escuchar sus demandas.

Recordó que la ministra de Economía del anterior gobierno mantuvo una relación excepcional, tal es así que, preocupada por los avances en la ejecución presupuestal, enviaba técnicos a las regiones; “esta situación no se ha visto en ningún otro gobierno”.

En ese aspecto, se indicó que con el cambio de autoridades pierde el pueblo puesto que tomará su tiempo hasta que los ministros se adapten al trabajo de su respectiva cartera.

En particular, el GORE Lambayeque ha venido articulando con el Ejecutivo la ejecución de importantes proyecto como el drenaje pluvial urbano y metropolitano, cambio de redes de agua y alcantarillado, las carreteras en asfalto en caliente de Mayascón – Inkawasi y Salas- Cañaris, el nuevo hospital Las Mercedes, hospital de Ferreñafe, Monsefú y Motupe.

De igual modo, el puente Juana Ríos, la culminación de la remodelación del aeropuerto José Quiñones Gonzáles y el Terminal Marítimo de Puerto Eten.

Igualmente, la Represa La Montería valorizada en 600 millones de dólares, cuya ejecución permitirá la irrigación de 20 mil hectáreas, y por consiguiente, creará fuentes de trabajo. “Esos temas preocupan, al igual que la situación de la pandemia del Covid 19 y el nuevo caso sospechoso de difteria”.

De otro lado se invocó al Tribunal Constitucional a que se pronuncie sobre la demanda competencial referido al artículo de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente para evitar que mañana o pasado cualquier gobernador o alcalde corra similar suerte por la versión de un colaborador eficaz en una investigación inicial.

En ese contexto, dónde quedaría la presunción de inocencia. El Tribunal debería interpretar el artículo o de lo contrario crearía inseguridad jurídica, puesto que existen opiniones encontradas sobre el particular.

En el siglo XIX la incapacidad moral permanente se refería a la persona que había perdido la razón más no la que había cometido un delito. En ese aspecto el TC debería aclarar. (Foto La República).