En el departamento de Lambayeque han fallecido cerca de 200 maestros sin poder cobrar la deuda social que les corresponde. De ellos, 45 en Chiclayo, 18 en Lambayeque y 117 en Ferreñafe, reveló hoy el profesor Miguel Delgado Leyva, presidente del Frente de Defensa de los derechos de los pensionistas de Educación de esta región. A la vez, instó a todos los gremios para solicitar que se haga realidad este beneficio que les corresponde desde el año 1991; es decir, que no se les paga desde hace 30 años.
Es más, dijo, entre los mayores de 65 años, muchos maestros se encuentran con problemas de salud y no tienen dinero para médicos ni medicamentos. “Pero, además, es un derecho que ese beneficio lo gocen en vida. No tiene sentido que a una persona se 80 años se le esté pagando por partes”, remarcó.
Señaló que les preocupa saber cuánto va a tocar a Lambayeque de los 200 millones de soles que el gobierno ha dispuesto para esta región. “El año pasado para Educación tocó 15 millones de soles y solo alcanzó para una parte: 4,120 maestros y se quedaron sin cobrar más de 5,000 beneficiarios del 30%. Así, se tuvo que hacer gestiones y salir a las calles para luchar. De los saldos presupuestales del 2019 se pagó a un poco más de 5,000 maestros activos y cesantes y a personal administrativo de la Educación”, dijo.
Indicó que al parecer este 2020 tendrán que hacer lo mismo, porque no se tiene mucha esperanza que llegue dinero suficiente de parte del MEF a Lambayeque.

Los argumentos
El reclamo también tiene que ver con los artículos 11 y 12 del Decreto de Urgencia 015 y contra el Decreto de Urgencia 077-2020, por los cuales los pasan a la ONP desde el punto de vista administrativo, financiero y de pagos, con lo cual no están de acuerdo, porque, según señala, es una medida ilegal. «Se ha cometido un legicidio de parte del gobierno, porque se está violando el artículo 77 de la Constitución”, dijo.
Señaló que pasar a la ONP viola sus derechos ya conquistados, como la deuda social, subsidio y luto, el diez por ciento del Fonavi y otros. «El Congreso tiene la palabra, porque en estos momentos tiene tres funciones: legislar, defendernos por ser nuestros representantes y porque tiene una función fiscalizadora ante el maltrato de las leyes en contra de los derechos de los maestros, pensionistas y activos, así como de los administrativos de Educación», precisó.
Miguel Delgado dijo que el congresista Rolando Campos ha asumido este pedido y ha presentado un proyecto de decreto ley para la derogatoria de los artículos señalados, en los mencionados decretos de urgencia.
También informó que desde hace tres semanas se está pidiendo a nivel nacional, que se considere el pago total de la deuda social que vienen arrastrando desde hace 30 años, para mayores de 65 años el próximo año 2021. «Lo hacemos con un fundamento legal. En primer lugar, el artículo 139 de la Constitución, donde se señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni retardar su ejecución».
Indicó que el expediente 03515-2010 del Tribunal Constitucional, justifica su petitorio, para un crédito suplementario para el 2021. Asimismo, el artículo 8 y 30 de la Ley 30490, Ley del Adulto Mayor, también ampara a los pensionistas de Educación para el próximo año. Tal pedido, dijo, ya ha sido planteado ante la Defensoría del Pueblo de Lima y ante ocho congresistas de la República.